Posición de Unidigna ante la reforma del real decreto de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios
Una mirada a la situación actual de la universidad en España:
El punto 9 del Manifiesto de Leiden, suscrito por ANECA, declara “9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores. Los indicadores cambian el sistema científico a través de los incentivos que establecen. Estos efectos deberían ser anticipados”
Veamos esos efectos sistémicos, no anticipados ni por ANECA ni por la estructura del sistema universitario español, o, al menos, no declarados públicamente:
– La investigación es la dimensión más y mejor valorada, con mucha diferencia, por el sistema de evaluación académica. El personal académico, a consecuencia de ello, tiende a dedicar todos sus afanes a cultivar esta dimensión, orillando o abandonando, si llega el caso, todas aquellas actividades que la entorpezcan: la carga docente (menospreciada aún más con el nefando decreto Wert), la extensión universitaria, la gestión de unidades y titulaciones … E incluso cuando se realizan determinadas actividades relacionadas con la gestión académica acaban, en muchos casos, siendo utilizadas desde la filosofía del emprendimiento personal y la búsqueda de plusvalía en la carrera profesional.
– Las publicaciones, especialmente en formato de artículos de revista, son los resultados preferentemente valorados dentro de las actividades investigadoras. Por ello, el profesorado tiende a volcar su energía en ello, lo que convierte al profesor/investigador en una especie de intelectual emprendedor obligado permanentemente a maximizar y rentabilizar sus investigaciones, creaciones o producciones. Se devalúa el oficio investigador limitado a una operación de cálculo instrumental organizando el trabajo científico y sus resultados desde estructuras estandarizadas promovidas desde las multinacionales del conocimiento y validadas desde las agencias de evaluación
– La publicación de un número de artículos, variable según campo científico, en revistas que figuren en los Journal Citation Reports (JCR) o Scimago Journal Rank (SJR), bien posicionadas en los rankings (normalmente Q1-Q2 o Q3-Q4, según los casos) es el requisito exigido obligatoriamente para acceder y progresar en la carrera académica (acreditación, sexenios de investigación). Se han convertido esos logros (la acreditación o los sexenios) en un requisito imprescindible para poder desenvolverse en muchas actividades académicas. El personal académico intenta lograrlos a toda costa y por todo tipo de vías. Su entrada y progreso en la academia está en juego. Esto origina otros efectos negativos para el sistema universitario: dificultad para conformar comunidades de práctica que compartan y revisen su actividad docente; una concepción restringida y mercantilizada de los tiempos universitarios que ignora e invisibiliza todo aquello que no se someta a la cultura de productividad; el aumento de la fragilidad en una comunidad académica que ve peligrar trayectorias biográficas, conciliación de la vida personal….
Esta situación se ha descrito así, de manera certera:
A día de hoy lo que importa al investigador o profesor español es disponer de una cesta repleta de papers que cumpla con los requisitos de las agencias de evaluación (ANECA o anequitas, entiéndase las autonómicas), y de universidades, OPIS y otros organismos que le aseguren una promoción cómoda y sin sobresaltos. ¿Quién va a objetar una evaluación positiva si cumples con el número de JCRs/SJRs o sucedáneos que posean los Qs correspondientes?
En este ecosistema tan propicio las universidades españolas se han convertido en macrogranjas de gallinas ponedoras de papers, ansiosas por brillar en los podios donde se dirimen hoy los honores académicos (los rankings de universidades) sabedores todos que sus luces atraerán hacia los campus a los mejores estudiantes y profesores y, por derivación, fondos para crecer. Una lógica aplastante y una espiral endemoniada. (Delgado y Martín-Martín, 2022[1]).
Hay que destacar que en todo ello no media ningún proceso científico, reflexivo ni crítico, que se supone forman parte del corazón de la academia. Se repiten las consignas como “atraer talento” o “mejores estudiantes y profesores”, sin someter a una mirada crítica y autónoma el concepto “mejor” ni las consecuencias que se derivan de estos comportamientos.
A todo ello, hay que sumar la perversión que se está haciendo del denominado acceso abierto al conocimiento, que, a partir de una filosofía democratizadora, de transparencia y de incidencia social de la ciencia, está pasando a convertirse en un sistema de transferencia de fondos públicos a empresas editoriales, casi exclusivamente extranjeras, con un predominio creciente de las editoriales de nuevo cuño (MDPI, Frontiers,…), lo que introduce, además, una desigualdad considerable para progresar en la carrera académica en función de que el personal investigador disponga o no de recursos económicos para costear los crecientes costes añadidos —APC, traducciones al inglés (idioma que se consagra, con esta política, de manera opresiva, como el idioma de la ciencia)—. En muchos casos se pone en juego la capacidad no tanto del investigador/a a nivel personal sino su capital social, medido en relación al prestigio y posibilidades económicas del equipo investigador y proyectos de investigación en los que participa.
Esta deriva irreflexiva redunda además en la pauperización de los idiomas locales científicamente productivos, así como de los intereses y las temáticas más trascendentes en cada comunidad, ya que la producción se adapta a las motivaciones y las modas establecidas en las fábricas de producción conceptual, invariablemente situadas fuera de España. En definitiva, nuestro sistema sentencia la dependencia a varios niveles, esclavizando a una población universitaria cuya potencia podría ser mucho más útil a nuestra sociedad.
El sistema genera, además, estrés y situaciones de ansiedad en el profesorado, especialmente en el más joven y precario, introduce una perversa lógica de competitividad extrema, castiga la colaboración y el trabajo en equipo, disminuye y desvaloriza la aportación de la universidad a la sociedad y a la sostenibilidad y alienta al desarrollo de prácticas poco éticas, además de originar el cinismo de nuestros organismos de investigación, pues firman declaraciones internacionales sobre prácticas de evaluación que sistemáticamente incumplen.
Hay esperanza: otra forma de evaluación de la investigación es necesaria:
El actual sistema de acreditación y de evaluación del profesorado, expuesto con anterioridad, no puede continuar ejerciendo sus perniciosos efectos. Por imperativo ético, científico y por nuestro compromiso con la universidad orientada al bien común, debemos cuestionarlo y generar una alternativa justa y fundada. Es cierto que hay una considerable inercia generada por la rutina, la servidumbre adaptativa en el profesorado y por los intereses económicos y de poder, pero su fin ha de ser inevitable. Tenemos ya luces que alumbran este intento:
- Las reacciones crecientes contra este modo de entender la universidad y nuestra función laboral entregada al capitalismo académico y a intereses ajenos a los que se sustentan en el corazón de la ciencia.
- Las declaraciones internacionales a las que se adscriben nuestros organismos de financiación y evaluación de la investigación —Manifiesto de Leiden, Declaración de San Francisco (DORA), Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica, Principios de Hong Kong, …—
- La jurisprudencia también ha expresado la necesidad de realizar otras prácticas de evaluación: una sentencia del Tribunal Supremo (TS 968/2018, del 12 de junio) obliga a leer los trabajos presentados para la evaluación de la investigación (“sexenios”), en lugar de limitarse a contabilizar el denominado factor de impacto de la revista, aunque esta sentencia sea, sistemáticamente, incumplida por ANECA.
- Las referencias a la acreditación en el proyecto de LOSU, que, aunque son muy tímidas e inconcretas, señalan la necesidad de introducir procedimientos de transparencia, de igualdad de género, colegialidad, etc.
- La reforma de la evaluación de la investigación promovida por los organismos internacionales, especialmente por la CE, que tiene una concreción esperanzadora en el nuevo Acuerdo —desarrollado por la Asociación Europea de Universidades y Science Europe— sobre la reforma de la evaluación de la investigación, que se anunció el pasado 20 de julio de 2022, y que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y tiene como objetivo crear una coalición de organizaciones (principalmente de Europa, aunque el Acuerdo está abierto a otras) que se comprometan a tomar medidas concretas para reformar su política de evaluación de la investigación. Aunque el Acuerdo no incluye medidas decididas contra la deriva de la investigación hacia el capitalismo académico, contiene, sin embargo, principios muy esperanzadores para una reforma radical de la evaluación de la investigación.
Propuestas para comenzar:
El camino para reformar la política de evaluación es largo, pero ha de ser abordado. Desde Unidigna proponemos diez primeras medidas para avanzar, que han de completarse con otras y que han de enmarcarse en una reforma global de los procesos de acreditación. No deben entenderse como prioritarias o como únicas, pues deben complementarse con otras, que también han sido consideradas en nuestros diálogos internos. Desde esas premisas, estas son nuestras propuestas primeras:
- Definir un sistema de acreditación que tenga como uno de sus principios rectores la consideración de todas las funciones del personal académico: investigación, docencia, formación y transferencia social del conocimiento (nos referimos a la denominada extensión universitaria, no solo a la extrema simplificación que significa la transferencia de conocimiento para el exclusivo beneficio empresarial o comercial) y colaboración en la gestión y la democracia en el sistema universitario. El actual sistema se caracteriza por poner en su centro la investigación (más concretamente, una forma reduccionista de entender qué es la investigación), desvalorizando la docencia, función fundamental de la universidad, y el resto de las actividades.
- Una estrategia concreta para poner en práctica el punto anterior es valorar la investigación vinculada a la docencia, mostrando cómo se aplica la misma a la docencia realizada y cómo la mejora, abriendo líneas de financiación con esta finalidad e incluyéndola entre los méritos relevantes para la acreditación.
- Iniciar, definir y financiar una línea deevaluación y análisis del sistema de evaluación de la investigación, que incluya a los organismos que la realizan, los procedimientos que se utilizan, los criterios y los procesos que se llevan a cabo, así como los efectos que están generando. Esta metaevaluación de la investigación ha de realizarse de manera independiente y transparente. Una buena iniciativa es incluir la misma en los planes estatales de I+D+i.
- Crear una estructura y una estrategia de evaluación de la evaluación del profesorado que reúna los siguientes requisitos:
- Establecer mecanismos abiertos, públicos, transparentes, democráticos y participativos para evaluar periódicamente el sistema de evaluación del profesorado universitario que se implante.
- Que dé participación a toda la comunidad universitaria a través de sus representantes: estudiantes, profesorado y órganos de coordinación.
- Que se publiquen y difundan los resultados de esta evaluación
- Que sirva para mejorar progresivamente el sistema de evaluación con el acuerdo y consenso de la comunidad universitaria.
- Evaluar la actuación, el funcionamiento, la organización y los resultados de ANECA, de las agencias de las comunidades autónomas (en función de la legislación que lo permita) y de la Agencia Estatal de Investigación (mediante entrevistas focales o encuestas a su personal y a los grupos de interés o afectados).
- Reorientar la actual deriva de la denominada política de Open Science. CRUE Universidades Españolas emitió en 2019 una Declaración de impulso a la Ciencia Abierta, que promueve una direccionalidad fundamental para nuestra investigación. Sin embargo, esa orientación, deseable y hasta imprescindible, se está concretando en el trasvase de dinero público a empresas multinacionales y a la potenciación del denominado factor de impacto como criterio de evaluación, en una reafirmación de las condiciones estructurales del capitalismo académico. Es necesario tomar medidas para evitar esta tendencia, tales como someter a evaluación sus prácticas y efectos, destinar fondos públicos al desarrollo de nuestro sistema de ciencia (especialmente a las revistas españolas de acceso abierto), no incluir en las convocatorias públicas de investigación la posibilidad de destinar financiación a la difusión de resultados, evitar la incidencia de estos fondos que crean desigualdad entre el personal académico en los criterios de acreditación, …
- Incluir el impacto social como criterio, considerando como mérito la investigación orientada a temas relacionados con el bienestar humano, desde una perspectiva global y local, al desarrollo cultural, a la sostenibilidad y al cambio social, a la conexión con los entornos locales y los movimientos y colectivos de utilidad pública y los beneficios que muestre en la solución de problemas sociales y ambientales o por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones, valorando sus resultados en la transformación de las desigualdades de todo tipo. Este criterio está vinculado al bienestar de la humanidad y al bien común, no a la utilidad empresarial o los beneficios económicos que reporta la investigación, concretándose en criterios de co-participación de la sociedad civil (Sívori, 2012), el compromiso social (Manzano-Arrondo, 2012), o los derechos humanos (Boni y Gasper, 2011), entre otros.
- No reducir la evaluación de la investigación a las publicaciones científicas en forma de papers o capítulos de libros. Desarrollar una visión global de la investigación y considerar otros méritos de investigación, como la labor realizada en la dirección de tesis doctorales o en la formación de personal académico novel, la generación de patentes libres y abiertas que sirvan al bien común, la creación de bases de datos o de software de interés social y público, la consideración de formatos abiertos como documentos pdf, páginas web, blogs o vídeos, la divulgación social y pedagógica de la ciencia, las labores de gestión de la investigación (dirección de revistas, gestión de ediciones científicas, organización de eventos, revisión de artículos y proyectos, etc.)
- La investigación de relevancia local debe ser fomentada y potenciada, tal y como señala la declaración de Leiden, hoy sacrificada por la exigencia de la publicación en revistas con alto factor de impacto. Por ello se deben establecer criterios para valorar la investigación vinculada al entorno social y que aporte soluciones a problemas acuciantes de la realidad social local, para valorar la publicación en lengua española o en cualquiera de las lenguas cooficiales del país de forma prioritaria sobre las publicaciones en inglés o en otros idiomas y para considerar el cumplimiento de las condiciones de alcance y accesibilidad: La primera de ellas es que los resultados de investigación se encuentran al alcance de todo individuo u organización con interés potencial y la segunda se refiere al acceso sin barreras monetarias y a garantizar que tampoco existen barreras lingüísticas o intelectuales, de tal forma que todo grupo local pueda comprender los hallazgos sin necesidad de contar con una cualificación específica.
- Poner en práctica, en un plazo muy breve de tiempo, el siguiente compromiso básico del citado Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la investigación de 20 de julio de 2022: Abandonar los usos inapropiados en la evaluación de la investigación de las métricas basadas en revistas y publicaciones, en particular los usos inapropiados del Journal Impact Factor (JIF) y el índice h. Estos usos deben desaparecer de toda convocatoria pública promovida por los organismos estatales en cualquier proceso de acreditación o de evaluación de investigación, etc, a partir del año 2024. En particular, debe revisarse, de modo inmediato y en profundidad, el documento Principios y directrices de evaluación de la investigación publicado por ANECA en 2021 y plagado de referencias reduccionistas de la investigación,
- Poner en marcha, en el plazo de tiempo más breve posible, el siguiente compromiso básico del citado Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la investigación de 20 de julio de 2022: revisar y desarrollar — con la participación directa de investigadores en todas las etapas de su carrera, criterios, herramientas y procesos para la evaluación de proyectos de investigación, equipos de investigación e investigadores que se adapten a su contexto de aplicación. Esto permitirá que se tome en consideración las diferencias en la evaluación en función de los ámbitos de conocimiento, la etapa de desarrollo de la carrera en la que se encuentre el personal académico, la valoración del trabajo en equipo y no solo de la trayectoria individual, las modalidades de evaluación más adecuadas, …
[1] Delgado López-Cózar, E. y Martín-Martín, A. (2022). Detectando patrones anómalos de publicación científica en España: Más sobre el impacto del sistema de evaluación científica. [Preprint]. Disponible en https://acortar.link/V1obqV
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