Uni-Digna se reúne con el Ministro de Universidades

Uni-Digna se reúne con el Ministro de Universidades en demanda de un sistema de evaluación y acreditación del profesorado que responda a un modelo de ciencia para el bien común

Uni-Digna

Tras la publicación en El Diario.es de una carta abierta al ministro Subirats, demandando una evaluación universitaria al servicio del bien común y de una ciencia abierta, gratuita y social, petición que ha recabado más de 1.400 firmas en pocos días en la plataforma Change.org, el colectivo de profesorado universitario Uni-Digna, compuesto por profesorado de diversas ramas de conocimiento de las universidades públicas españolas, se reunió con el Ministro de Universidades.

En la reunión, en la sede del Ministerio de Universidades, Uni-Digna expuso sus propuestas y reivindicaciones de un nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación y de la docencia del profesorado universitario.  

Las políticas públicas españolas han reforzado un modelo de ciencia que se caracteriza por basarse en el factor de impacto y por la utilización de los ranking de revistas establecidos por las multinacionales Clarivate y Elsevier como criterio principal de evaluación de la investigación. Un modelo que, por una parte, gratifica la investigación dirigida a la rentabilidad económica y devalúa la investigación orientada a conocer y tratar de resolver las necesidades de la sociedad que la financia y, por otra, incumple los acuerdos internacionales que en materia de ciencia han sido suscritos por los organismos oficiales españoles (Declaración de San Francisco sobre la evaluación científica (DORA), el Manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación Iniciativa Helsinki sobre multilingüísmo en la comunidad científica )

El problema añadido es que el sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria, sobre todo a partir del Real Decreto-ley 14/2012, premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y comercializables que son las que supuestamente generan “distinción y reconocimiento” (sexenios), al tiempo que “penaliza” si no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del salario y un aumento significativo de carga docente.

Este sistema está convirtiendo así la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción académica, un “castigo”, que termina por devaluar una finalidad fundamental de la universidad, que es la de enseñar, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue.

En la reunión, los representantes de Uni-Digna pidieron al ministro que dé pasos decididos para, de una forma negociada y consensuada con los representantes de la comunidad académica universitaria, establecer un sistema de evaluación de la docencia y de la producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para el bien común, como ya se ha planteado en dos PNL registradas en el Parlamento Nacional y que languidecen actualmente en el limbo de los olvidos.

La excelencia de la investigación científica en las universidades públicas es inseparable de su conciencia ciudadana y de la capacidad de promover la participación civil en la decisión sobre los fines y los usos sociales de la ciencia. El actual sistema obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación.

Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos. Una universidad al servicio del bien común y no del beneficio económico de accionistas e inversionistas.

Entre las  propuestas que la representación de Uni-Digna trasladó al ministro están medidas como las siguientes:

Desde Uni-Digna hemos pedido al ministerio de Universidades que tenga voluntad política para iniciar este proceso de cambio, debatiendo y consensuando con la comunidad universitaria y sus representantes otro modelo de evaluación del profesorado universitario, que supere el negocio del impacto en las revistas y evite que la ANECA (la agencia que se ocupa de la evaluación del profesorado) siga en esta deriva de medición cuantitativa y colonial que orienta la universidad hacia un modelo mercantil y productivista.

Reforma del Real Decreto de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios

Posición de Unidigna ante la reforma del real decreto de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios

Una mirada a la situación actual de la universidad en España:

El punto 9 del Manifiesto de Leiden, suscrito por ANECA, declara “9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores. Los indicadores cambian el sistema científico a través de los incentivos que establecen. Estos efectos deberían ser anticipados”

Veamos esos efectos sistémicos, no anticipados ni por ANECA ni por la estructura del sistema universitario español, o, al menos, no declarados públicamente:

– La investigación es la dimensión más y mejor valorada, con mucha diferencia, por el sistema de evaluación académica. El personal académico, a consecuencia de ello, tiende a dedicar todos sus afanes a cultivar esta dimensión, orillando o abandonando, si llega el caso, todas aquellas actividades que la entorpezcan: la carga docente (menospreciada aún más con el nefando decreto Wert), la extensión universitaria, la gestión de unidades y titulaciones … E incluso cuando se realizan determinadas actividades relacionadas con la gestión académica acaban, en muchos casos, siendo utilizadas desde la filosofía del emprendimiento personal y la búsqueda de plusvalía en la carrera profesional.

– Las publicaciones, especialmente en formato de artículos de revista, son los resultados preferentemente valorados dentro de las actividades investigadoras. Por ello, el profesorado tiende a volcar su energía en ello, lo que convierte al profesor/investigador en una especie de intelectual emprendedor obligado permanentemente a maximizar y rentabilizar sus investigaciones, creaciones o producciones. Se devalúa el oficio investigador limitado a una operación de cálculo instrumental organizando el trabajo científico y sus resultados desde estructuras estandarizadas promovidas desde las multinacionales del conocimiento y validadas desde las agencias de evaluación

– La publicación de un número de artículos, variable según campo científico, en revistas que figuren en los Journal Citation Reports (JCR) o Scimago Journal Rank (SJR), bien posicionadas en los rankings (normalmente Q1-Q2 o Q3-Q4, según los casos) es el requisito exigido obligatoriamente para acceder y progresar en la carrera académica (acreditación, sexenios de investigación). Se han convertido esos logros (la acreditación o los sexenios) en un requisito imprescindible para poder desenvolverse en muchas actividades académicas. El personal académico intenta lograrlos a toda costa y por todo tipo de vías.  Su entrada y progreso en la academia está en juego. Esto origina otros efectos negativos para el sistema universitario: dificultad para conformar comunidades de práctica que compartan y revisen su actividad docente; una concepción restringida y mercantilizada de los tiempos universitarios que ignora e  invisibiliza todo aquello que no se someta a la cultura de productividad;  el aumento de la fragilidad en una comunidad académica que ve peligrar trayectorias biográficas, conciliación de la vida personal….

Esta situación se ha descrito así, de manera certera:

A día de hoy lo que importa al investigador o profesor español es disponer de una cesta repleta de papers que cumpla con los requisitos de las agencias de evaluación (ANECA o anequitas, entiéndase las autonómicas), y de universidades, OPIS y otros organismos que le aseguren una promoción cómoda y sin sobresaltos. ¿Quién va a objetar una evaluación positiva si cumples con el número de JCRs/SJRs o sucedáneos que posean los Qs correspondientes?

En este ecosistema tan propicio las universidades españolas se han convertido en macrogranjas de gallinas ponedoras de papers, ansiosas por brillar en los podios donde se dirimen hoy los honores académicos (los rankings de universidades) sabedores todos que sus luces atraerán hacia los campus a los mejores estudiantes y profesores y, por derivación, fondos para crecer. Una lógica aplastante y una espiral endemoniada. (Delgado y Martín-Martín, 2022[1]).

Hay que destacar que en todo ello no media ningún proceso científico, reflexivo ni crítico, que se supone forman parte del corazón de la academia. Se repiten las consignas como “atraer talento” o “mejores estudiantes y profesores”, sin someter a una mirada crítica y autónoma el concepto “mejor” ni las consecuencias que se derivan de estos comportamientos.

A todo ello, hay que sumar la perversión que se está haciendo del denominado acceso abierto al conocimiento, que, a partir de una filosofía democratizadora, de transparencia y de incidencia social de la ciencia, está pasando a convertirse en un sistema de transferencia de fondos públicos a empresas editoriales, casi exclusivamente extranjeras, con un predominio creciente de las editoriales de nuevo cuño (MDPI, Frontiers,…), lo que introduce, además, una desigualdad considerable para progresar en la carrera académica en función de que el personal investigador disponga o no de recursos económicos para costear los crecientes costes añadidos —APC, traducciones al inglés (idioma que se consagra, con esta política, de manera opresiva, como el idioma de la ciencia)—. En muchos casos se pone en juego la capacidad no tanto del investigador/a a nivel personal sino su capital social, medido en relación al prestigio y posibilidades económicas del equipo investigador y proyectos de investigación en los que participa.

Esta deriva irreflexiva redunda además en la pauperización de los idiomas locales científicamente productivos, así como de los intereses y las temáticas más trascendentes en cada comunidad, ya que la producción se adapta a las motivaciones y las modas establecidas en las fábricas de producción conceptual, invariablemente situadas fuera de España. En definitiva, nuestro sistema sentencia la dependencia a varios niveles, esclavizando a una población universitaria cuya potencia podría ser mucho más útil a nuestra sociedad.

El sistema genera, además, estrés y situaciones de ansiedad en el profesorado, especialmente en el más joven y precario, introduce una perversa lógica de competitividad extrema, castiga la colaboración y el trabajo en equipo, disminuye y desvaloriza la aportación de la universidad a la sociedad y a la sostenibilidad y alienta al desarrollo de prácticas poco éticas, además de originar el cinismo de nuestros organismos de investigación, pues firman declaraciones internacionales sobre prácticas de evaluación que sistemáticamente incumplen.

Hay esperanza: otra forma de evaluación de la investigación es necesaria:

El actual sistema de acreditación y de evaluación del profesorado, expuesto con anterioridad, no puede continuar ejerciendo sus perniciosos efectos. Por imperativo ético, científico y por nuestro compromiso con la universidad orientada al bien común, debemos cuestionarlo y generar una alternativa justa y fundada. Es cierto que hay una considerable inercia generada por la rutina, la servidumbre adaptativa en el profesorado y por los intereses económicos y de poder, pero su fin ha de ser inevitable. Tenemos ya luces que alumbran este intento:

• Las reacciones crecientes contra este modo de entender la universidad y nuestra función laboral entregada al capitalismo académico y a intereses ajenos a los que se sustentan en el corazón de la ciencia.
• Las declaraciones internacionales a las que se adscriben nuestros organismos de financiación y evaluación de la investigación —Manifiesto de Leiden, Declaración de San Francisco (DORA), Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica, Principios de Hong Kong, …—
• La jurisprudencia también ha expresado la necesidad de realizar otras prácticas de evaluación: una sentencia del Tribunal Supremo (TS 968/2018, del 12 de junio) obliga a leer los trabajos presentados para la evaluación de la investigación (“sexenios”), en lugar de limitarse a contabilizar el denominado factor de impacto de la revista, aunque esta sentencia sea, sistemáticamente, incumplida por ANECA.
• Las referencias a la acreditación en el proyecto de LOSU, que, aunque son muy tímidas e inconcretas, señalan la necesidad de introducir procedimientos de transparencia, de igualdad de género, colegialidad, etc.
• La reforma de la evaluación de la investigación promovida por los organismos internacionales, especialmente por la CE, que tiene una concreción esperanzadora en el nuevo Acuerdo —desarrollado por la  Asociación Europea de Universidades y Science Europe— sobre la reforma de la evaluación de la investigación, que se anunció el pasado 20 de julio de 2022, y que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y tiene como objetivo crear una coalición de organizaciones (principalmente de Europa, aunque el Acuerdo está abierto a otras) que se comprometan a tomar medidas concretas para reformar su política de evaluación de la investigación. Aunque el Acuerdo no incluye medidas decididas contra la deriva de la investigación hacia el capitalismo académico, contiene, sin embargo, principios muy esperanzadores para una reforma radical de la evaluación de la investigación.

Propuestas para comenzar:

El camino para reformar la política de evaluación es largo, pero ha de ser abordado. Desde Unidigna proponemos diez primeras medidas para avanzar, que han de completarse con otras y que han de enmarcarse en una reforma global de los procesos de acreditación. No deben entenderse como prioritarias o como únicas, pues deben complementarse con otras, que también han sido consideradas en nuestros diálogos internos. Desde esas premisas, estas son nuestras propuestas primeras:

1. Definir un sistema de acreditación que tenga como uno de sus principios rectores la consideración de todas las funciones del personal académico: investigación, docencia, formación y transferencia social del conocimiento (nos referimos a la denominada extensión universitaria, no solo a la extrema simplificación que significa la transferencia de conocimiento para el exclusivo beneficio empresarial o comercial) y colaboración en la gestión y la democracia en el sistema universitario. El actual sistema se caracteriza por poner en su centro la investigación (más concretamente, una forma reduccionista de entender qué es la investigación), desvalorizando la docencia, función fundamental de la universidad, y el resto de las actividades.
2. Una estrategia concreta para poner en práctica el punto anterior es valorar la investigación vinculada a la docencia, mostrando cómo se aplica la misma a la docencia realizada y cómo la mejora, abriendo líneas de financiación con esta finalidad e incluyéndola entre los méritos relevantes para la acreditación.
3. Iniciar, definir y financiar una línea deevaluación y análisis del sistema de evaluación de la investigación, que incluya a los organismos que la realizan, los procedimientos que se utilizan, los criterios y los procesos que se llevan a cabo, así como los efectos que están generando. Esta metaevaluación de la investigación ha de realizarse de manera independiente y transparente. Una buena iniciativa es incluir la misma en los planes estatales de I+D+i.
4. Crear una estructura y una estrategia de evaluación de la evaluación del profesorado que reúna los siguientes requisitos:
5. Establecer mecanismos abiertos, públicos, transparentes, democráticos y participativos para evaluar periódicamente el sistema de evaluación del profesorado universitario que se implante.
6. Que dé participación a toda la comunidad universitaria a través de sus representantes: estudiantes, profesorado y órganos de coordinación.
7. Que se publiquen y difundan los resultados de esta evaluación
8. Que sirva para mejorar progresivamente el sistema de evaluación con el acuerdo y consenso de la comunidad universitaria.
9. Evaluar la actuación, el funcionamiento, la organización y los resultados de ANECA, de las agencias de las comunidades autónomas (en función de la legislación que lo permita) y de la Agencia Estatal de Investigación (mediante entrevistas focales o encuestas a su personal y a los grupos de interés o afectados).
10. Reorientar la actual deriva de la denominada política de Open Science. CRUE Universidades Españolas emitió en 2019 una Declaración de impulso a la Ciencia Abierta, que promueve una direccionalidad fundamental para nuestra investigación. Sin embargo, esa orientación, deseable y hasta imprescindible, se está concretando en el trasvase de dinero público a empresas multinacionales y a la potenciación del denominado factor de impacto como criterio de evaluación, en una reafirmación de las condiciones estructurales del capitalismo académico. Es necesario tomar medidas para evitar esta tendencia, tales como someter a evaluación sus prácticas y efectos, destinar fondos públicos al desarrollo de nuestro sistema de ciencia (especialmente a las revistas españolas de acceso abierto), no incluir en las convocatorias públicas de investigación la posibilidad de destinar financiación a la difusión de resultados, evitar la incidencia de estos fondos que crean desigualdad entre el personal académico en los criterios de acreditación, …
11. Incluir el impacto social como criterio, considerando como mérito la investigación orientada a temas relacionados con el bienestar humano, desde una perspectiva global y local, al desarrollo cultural, a la sostenibilidad y al cambio social, a la conexión con los entornos locales y los movimientos y colectivos de utilidad pública y los beneficios que muestre en la solución de problemas sociales y ambientales o por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones, valorando sus resultados en la transformación de las desigualdades de todo tipo. Este criterio está vinculado al bienestar de la humanidad y al bien común, no a la utilidad empresarial o los beneficios económicos que reporta la investigación, concretándose en criterios de co-participación de la sociedad civil (Sívori, 2012), el compromiso social (Manzano-Arrondo, 2012), o los derechos humanos (Boni y Gasper, 2011), entre otros.
12. No reducir la evaluación de la investigación a las publicaciones científicas en forma de papers o capítulos de libros. Desarrollar una visión global de la investigación y considerar otros méritos de investigación, como la labor realizada en la dirección de tesis doctorales o en la formación de personal académico novel, la generación de patentes libres y abiertas que sirvan al bien común, la creación de bases de datos o de software de interés social y público, la consideración de formatos abiertos como documentos pdf, páginas web, blogs o vídeos, la divulgación social y pedagógica de la ciencia, las labores de gestión de la investigación (dirección de revistas, gestión de ediciones científicas, organización de eventos, revisión de artículos y proyectos, etc.)
13. La investigación de relevancia local debe ser fomentada y potenciada, tal y como señala la declaración de Leiden, hoy sacrificada por la exigencia de la publicación en revistas con alto factor de impacto. Por ello se deben establecer criterios para valorar la investigación vinculada al entorno social y que aporte soluciones a problemas acuciantes de la realidad social local, para valorar la publicación en lengua española o en cualquiera de las lenguas cooficiales del país de forma prioritaria sobre las publicaciones en inglés o en otros idiomas y para considerar el cumplimiento de las condiciones de alcance y accesibilidad: La primera de ellas es que los resultados de investigación se encuentran al alcance de todo individuo u organización con interés potencial y la segunda se refiere al acceso sin barreras monetarias y a garantizar que tampoco existen barreras lingüísticas o intelectuales, de tal forma que todo grupo local pueda comprender los hallazgos sin necesidad de contar con una cualificación específica.
14. Poner en práctica, en un plazo muy breve de tiempo, el siguiente compromiso básico del citado Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la investigación de 20 de julio de 2022: Abandonar los usos inapropiados en la evaluación de la investigación de las métricas basadas en revistas y publicaciones, en particular los usos inapropiados del Journal Impact Factor (JIF) y el índice h. Estos usos deben desaparecer de toda convocatoria pública promovida por los organismos estatales en cualquier proceso de acreditación o de evaluación de investigación, etc, a partir del año 2024. En particular, debe revisarse, de modo inmediato y en profundidad, el documento Principios y directrices de evaluación de la investigación publicado por ANECA en 2021 y plagado de referencias reduccionistas de la investigación,
15. Poner en marcha, en el plazo de tiempo más breve posible, el siguiente compromiso básico del citado Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la investigación de 20 de julio de 2022:  revisar y desarrollar — con la participación directa de investigadores en todas las etapas de su carrera, criterios, herramientas y procesos para la evaluación de proyectos de investigación, equipos de investigación e investigadores que se adapten a su contexto de aplicación. Esto permitirá que se tome en consideración las diferencias en la evaluación en función de los ámbitos de conocimiento, la etapa de desarrollo de la carrera en la que se encuentre el personal académico, la valoración del trabajo en equipo y no solo de la trayectoria individual, las modalidades de evaluación más adecuadas, …

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[1] Delgado López-Cózar, E. y Martín-Martín, A. (2022). Detectando patrones anómalos de publicación científica en España: Más sobre el impacto del sistema de evaluación científica. [Preprint]. Disponible en https://acortar.link/V1obqV

Carta abierta al ministro Subirats. Otra ANECA es posible

Manifiesto publicado en El Diario.es: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/carta-abierta-ministro-subirats-aneca-posible_129_8597148.html

El actual sistema público de evaluación y acreditación para acceder a un puesto docente e investigador en el ámbito universitario o promocionar en la carrera académica establece que todo profesor o profesora universitaria tiene que conseguir que dos multinacionales extranjeras le admitan publicar cierto número de artículos en las revistas que ellas determinan y controlan.

El sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria, sobre todo a partir del Real Decreto-ley 14/2012, premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y comercializables que son las que supuestamente generan “distinción y reconocimiento” (sexenios), al tiempo que “penaliza” si no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del salario y un aumento significativo de carga docente.

La esencial función docente de la Universidad pública se devalúa

Este sistema está convirtiendo así la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción académica, un “castigo”, que termina por devaluar una finalidad fundamental de la universidad, que es la de enseñar, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue.

Frente a la docencia, pensada para aportar a quienes se están formando, la práctica investigadora se convierte en una inversión en el propio currículum, mediante este tipo de publicaciones que sí reportan beneficios subjetivos (valoración) y materiales (compensaciones retributivas). Este sistema valora solo aquellas publicaciones que tengan valor para el mercado y que se puedan cuantificar y medir según los criterios y ranking establecidos por estas dos grandes empresas del negocio editorial. Olvida que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y de la mejora del mundo en el que convivimos, ligada a problemas y necesidades sociales que no siempre son valorados por el mercado, convirtiéndola así, aún más, en una moneda de cambio determinada por las exigencias del mercado.

Emprendedores del impacto que compiten por la cita

Se está presionando así a la comunidad científica para transformar la investigación rigurosa, que conlleva tiempo y procedimientos a veces lentos y reposados, en una loca carrera de la “cultura del impacto y de la citación” para conseguir ser valorado cuanto antes y así poder obtener esos preciados sexenios que faciliten promocionar en la competitiva carrera universitaria.

Este sistema ha asumido la tesis de que el factor de impacto de una revista (el número de citas recibidas), que mide la visibilidad y la difusión, sea el que defina el valor científico de los artículos. Este índice es controlado por los datos ofrecidos por el informe Journal of Citation Report (JCR) de la multinacional Clarivate a través de su producto Web of Science (WOS), y por la multinacional Elsevier a través de su producto Scopus, mediante un importante sesgo de cobertura que afecta a revistas, disciplinas, lenguas, regiones e intereses de investigación de forma muy dispar. A pesar de ello, ha llegado a convertirse en el capital académico más preciado para las instituciones de todo el mundo. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, las universidades y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, no solo lo admiten y participan en ello, sino que pagan por las licencias a estas multinacionales, anualmente, millones de euros de dinero público.

Decisiones políticas que orientan la I+D

De esta forma, nuestras administraciones públicas son cooperadoras necesarias (en financiación y difusión) del monopolio de estas dos multinacionales privadas extranjeras para el desarrollo de su sistema comercial de evaluación. Los ministerios de Ciencia y Universidades le conceden una autoridad y liderazgo que estas multinacionales se “autoatribuyen” en sus páginas web, desde su “monopolio de hecho” de la evaluación científica.

El conjunto de todo este engranaje es accionado por las agencias nacionales de evaluación. Las agencias como la ANECA, que acredita la capacidad del profesorado, y la CNEAI, que reconoce a través de esos sexenios la actividad investigadora realizada, priorizan como criterios de valor la publicación de artículos en las revistas científicas incluidas en esas bases de datos elaboradas por estas dos multinacionales, Clarivate y Elsevier, en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la actividad investigadora.

Sistema de dominio cuasi-colonial

Este sistema ha recibido innumerables críticas. Desde el sesgo lingüístico y geográfico que favorece a publicaciones y la autoría anglosajona, hasta su énfasis en determinados estándares de lo que determinan qué es ciencia y lo que no lo es y no se publica, pues no pasa “sus” filtros.

Se insiste en utilizar el concepto de excelencia, para justificar las reglas de evaluación, pero ese concepto, que proviene del mundo de la innovación, viene autodefinido por modelos hegemónicos externos a la ciencia.  Estos criterios de valor, además, reproducen una lógica colonial pues refuerzan una geopolítica de poder que margina y desprecia las revistas científicas no anglosajonas, imponiendo sin discusión el inglés como lengua “científica”.

También se ha criticado la recurrencia y la permanencia de determinados círculos científicos dominantes que se nutren y se citan entre sí (de las más de 8.000 revistas de todo el mundo que son incluidas en el ranking JCR, tan solo 300 representaron más del 50% de lo que se citó y más del 30% de lo que se publicó; y de esas 8.000 el 37,5% cuenta con más del 90% de artículos citados y más del 80% de los publicados).

Pero el problema sustancial y que afecta a toda la concepción del conocimiento compartido es el escándalo que supone el hecho de que resultados de investigaciones financiadas con dinero público, de todos y todas, se publiquen en revistas de acceso privado. Con este modelo la producción de conocimiento se encierra en un circuito privatizado, ajeno en buena parte a su servicio a toda la sociedad y al compromiso con el bien común.

A pesar de las críticas de todo tipo que este modelo ha generado, conserva intacta su capacidad de definir quién vale y quién no. Se asume así que aquello que ocurre fuera de lo validado por este modelo comercial, competitivo y privado, no existe o no sirve a la ciencia: “si tu trabajo no figura aquí, no vale”.

Competición en vez de colaboración

Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación excelentes, ha conseguido presionar a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora en el competitivo mercado de los sexenios. Se abandonan las monografías o libros con conocimiento reflexivo de fondo, capaces de alcanzar al gran público, pues son consideradas “méritos menores” porque puntúan menos frente a los artículos con índices medibles de impacto.

Se está generando así una inflación de papers inabarcable, que pocos leen y que no siempre se escriben con el poso necesario. Incluso se denuncia que se tiende a recurrir cada vez con más frecuencia al autoplagio, a las autocitas, a las redes de citas, a las guerras de citas, a no citar a posibles competidores/as, a sufrir la exigencia de citar artículos publicados en los últimos años en la revista donde se quiere publicar, como norma generalizada ya.  Todo ello lleva a que la persona interesada en hacer carrera dentro de la universidad se vea condenada, en un círculo perverso, a autosuperarse permanentemente. Se entienden así los estados de ansiedad, depresión, el desencanto con la profesión y el estrés laboral, como características propias del sistema universitario actual, estrechamente vinculadas con la precariedad, la competitividad y la incertidumbre…

Además, en los últimos años han conocido un notable incremento las publicaciones de acceso abierto (open access). Revistas con artículos accesibles en línea para el público, sin coste económico para quien las lee. Pero este modelo lo han convertido de nuevo en un negocio las grandes multinacionales. Cobran a los autores y autoras o las instituciones públicas que financian sus investigaciones por la publicación (una media de 2.700 euros por 15 páginas). En este sistema todo es beneficio para las multinacionales editoriales. Los científicos les dan gratis el resultado de sus investigaciones; realizan gratis la revisión por pares de la validez científica de las publicaciones de otros científicos. Las editoriales venden el producto a bibliotecas de universidades y académicos, que con dinero público pagan para leer lo que crean. Y ahora exigen que se pague por publicar en acceso abierto. Es un cuádruple pago. Es como si los periódicos exigieran a los y las periodistas que escribieran y editaran el trabajo los unos-as de los otros-as gratuitamente, y reclamaran al gobierno que pagara la factura con el dinero público.

Re-evolucionar el sistema de evaluación de la producción científica es posible

La excelencia de la investigación científica en las universidades públicas es inseparable de su conciencia ciudadana y de la capacidad de promover la participación civil en la decisión sobre los fines y los usos sociales de la ciencia.

El corazón de la ciencia se define en términos de colaboración, no de competición; de amor honesto al saber y no a los réditos individuales; de interés por incrementar el conocimiento y no por la producción de publicaciones. Pero el actual sistema obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable.

El sistema actual es inaceptable y la propia ANECA es consciente de ello: en octubre de 2021 publicaba unos «Principios y directrices para la actualización de criterios de evaluación de la investigación de ANECA 2021» presentándolos públicamente a través de su canal de Youtube. Mediante este acto se anunciaba la revisión de ciertas prácticas evaluativas perniciosas, la adhesión a principios de transparencia, integridad académica, igualdad, etc., pero también una confusa persistencia en criterios acientíficos y contrarios al ideal de ciencia para el bien común. Por eso, este momento es clave de cara a redefinir la política pública de evaluación de la investigación.

Otro sistema de evaluación al servicio del bien común

No defendemos que publicar en revistas de demostrada calidad científica no sea necesario, puesto que lo es para compartir el conocimiento generado y devolver a la sociedad aquello que puede ayudar a mejorarla; ni que el profesorado no deba publicar. Tampoco que publicar investigación de rigor científico no cuente, por ejemplo, para evitar que en la carrera docente del profesorado se utilicen criterios poco éticos ejerciendo un uso perverso del poder. Pero es necesario otro sistema de evaluación de la producción científica del profesorado universitario público, sin intereses comerciales, sin criterios de beneficios empresariales de quien controla el sistema de producción científica, basado en la colaboración, el conocimiento compartido, el libre acceso a la producción científica. Es decir, necesitamos una universidad realmente pública y democrática. Una universidad que cuestione esta concepción neoliberal de la ciencia, la investigación y la universidad basada en la competitividad.

Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos. Una universidad al servicio del bien común y no del beneficio económico de accionistas e inversionistas.

Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, los que conceden relevancia a la investigación transdisciplinar que no tiene casi cabida en el sistema hegemónico y que es fundamental para que la investigación se oriente a los desafíos sociales. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también el impacto social, cultural y político de la investigación no sólo por el número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean locales o globales.

Propuestas concretas para avanzar

Hubo proyectos públicos de prestigio que podían haber sido una alternativa como el sistema DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por el CSIC o el INRECS, INRECJ o INRECH de la Universidad de Granada en el año 2014. Pero se dejaron morir recortando su financiación por falta de voluntad política. Ahora se trata de ir mucho más allá.

1)    Dirigir las políticas públicas de investigación al desarrollo de los repositorios públicos de “acceso abierto”, mandato expreso del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, en la línea que plantea la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y la Declaración de Berlín, administrados por universidades u organizaciones de investigación públicas, que serían una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y adecuada.

2)    No reducir la evaluación de la investigación a las publicaciones científicas en forma de papers o capítulos de libros. Considerar otros méritos de investigación, como la labor realizada en la dirección de tesis doctorales, la generación de patentes libres y abiertas, la creación de bases de datos o de software de interés social y público, la consideración de formatos abiertos como documentos pdf, páginas web, blogs o vídeos.

3)    Incluir el impacto social como criterio, considerando como mérito la investigación orientada a temas relacionados con el bienestar humano, desde una perspectiva global y local, al desarrollo cultural, a la sostenibilidad y al cambio social, a la conexión con los entornos locales y los movimientos y colectivos de utilidad pública y los beneficios que muestre en la solución de problemas sociales y ambientales o por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones, valorando sus resultados en la transformación de las desigualdades de todo tipo.

4)    Someter a evaluación los criterios, los modelos, los procedimientos, los agentes que participan, las estrategias de trabajo, las garantías, los resultados y cuantos elementos participen en la actividad evaluadora de la investigación. La evaluación debería ser al menos tan exigente consigo misma como lo es respecto a lo que evalúa. Esta evaluación debe ser transparente, democrática, participativa y pública.

5)    Utilizar referentes de buena ejecución en lugar de ordenaciones y ranking. De este modo, por ejemplo, una buena revista lo será no porque ocupe una posición relativa en un listado, sino porque cumple con requisitos establecidos desde criterios científicos. Así se considera, por ejemplo, en iniciativas como Redalyc y Latindex.

6)    La investigación de relevancia local debe ser valorada y potenciada, tal y como señala la declaración de Leiden, hoy sacrificada por la exigencia de la publicación en revistas de cualquier parte del mundo, descontextualizadas, pero que tengan alto impacto, que es lo que cuenta.

7)    Los criterios cuantitativos, en cualquier caso, únicamente han de ser utilizados para apoyar la valoración cualitativa por expertos y expertas, que tiene que basarse en razonamientos informados y ha de revestirse de carácter deliberativo.

Si se quiere, se puede

Se han presentado, en este sentido, dos Proposiciones No de Ley (PNL) en el Parlamento Nacional con el fin de superar esas métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares, ahorrar una ingente cantidad de dinero público que pagamos a estas multinacionales extranjeras y sentar las bases para que la comunidad académica, de forma negociada y consensuada, dé a luz un nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación. Estas proposiciones no son ese nuevo sistema sino una propuesta para avanzar en este sentido para consensuar con la comunidad académica universitaria un sistema de evaluación de la producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para el bien común.

Pero parece que en el actual ministerio de Universidades no hay voluntad política para iniciar este proceso de cambio, debatiendo y consensuando con la comunidad universitaria y sus representantes otro modelo de evaluación del profesorado universitario que superara el negocio del impacto en las revistas, y deja que la ANECA siga en esta deriva de medición cuantitativa y colonial que sigue orientando la universidad hacia un modelo mercantil y productivista.

Es hora de sumarse a una acción colectiva por parte de la comunidad universitaria que exija este cambio. Únete a este manifiesto para hacérselo llegar al ministro de Universidades y que inicie el proceso planteado en las dos PNL registradas en el Parlamento Nacional.

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Uni-Digna es un colectivo compuesto por profesorado de diversas ramas de conocimiento de las universidades públicas españolas que se han unido para reivindicar un sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario comprensivo, razonable y justo. Su web: https://unidigna.wordpress.com/

Firman expresamente este manifiesto:

• Enrique Javier Díez Gutiérrez, Universidad de León
• Luis Torrego Egido, Universidad de Valladolid
• Consol Aguilar Rodenas, Universitat Jaume I
• Jesús Antonio Zamanillo Burgos, Universidad de Burgos
• Pedro López López, Universidad Complutense de Madrid
• Gustavo González Calvo, Universidad de Valladolid
• Alejandra Boni Aristizábal, Universitat Politècnica de València
• José Manuel Rodríguez Victoriano, Universitat de València
• José Ignacio Rivas Flores, Universidad de Málaga
• Gloria Mª Braga Blanco, Universidad de Oviedo
• Henar Rodríguez Navarro, Universidad de Valladolid
• Vicent Horcas López, Universitat de València
• María Verdeja Muñiz, Universidad de Oviedo
• Francisco Santana Armas, Universidad de La Laguna
• Esther Torrado Martín Palomino. Universidad de La Laguna
• Joseba Sainz de Murieta Mangado. Universidad del País Vasco
• Carlos Rodríguez Hoyos, Universidad de Cantabria
• Eduardo Fernández Rodríguez, Universidad de Valladolid
• Rocío Anguita Martínez, Universidad de Valladolid
• Noemí Rodríguez Fernández, Universidad de Oviedo
• Víctor Alonso Rocafort, Universidad Complutense de Madrid

 

Unidigna se reúne con el Ministerio

Unidigna pide al Ministerio parar el Anecazo y consensuar un nuevo sistema de evaluación del profesorado

Representantes del colectivo UniDigna se han reunido este Lunes, 3 de Diciembre,  con D. José Manuel Pingarrón Carrazón, Secretario General de Universidades, al que expusieron sus principales reivindicaciones contenidas en el Manifiesto “Contra el Anecazo.  Por un nuevo sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo”, trasladándole además la invitación a participar el Jueves 4 de Abril en la Jornada-Parlamentaria “Por una Universidad al Servicio del Bien Común y comprometida socialmente”.

1.- Durante la reunión mantenida con el Sr. Secretario General de Universidades se le hicieron llegar buena parte de los presupuestos que defendemos desde el colectivo UniDigna:

• la situación de inestabilidad y la falta de expectativas de promoción generadas a causa del endurecimiento de los criterios de acreditación y evaluación en el RD 415/2015,.
• La contribución de esos criterios a la precarización de la situación de una parte del profesorado que ha sufrido durante el periodo de la crisis unas condiciones de trabajo  inaceptables y que ahora ve frustradas sus justas expectativas de estabilización y promoción.
• la necesidad de un debate público acerca de los problemas que se derivan de haber consolidado un modelo de evaluación de la carrera profesional que da prioridad a una actividad investigadora de corte productivista y credencialista que relega otros criterios relacionados con la relevancia social y académica de lo que se publica,
• la desconsideración de la actividad docente y de otras funciones de extensión universitaria que acaban por ser marginales en la valoración del trabajo profesional,
• el cuestionamientodel papel que están jugando las administraciones públicas al cooperar vía financiación con un sistema que legitima el monopolio de la evaluación científica por parte de multinacionales privadas del conocimiento utilizando para ello indicadores de calidad vinculados únicamente al factor de impacto de las revistas en las que se publica y no de los artículos o las investigaciones de las que estos se derivan.

2.- Por su parte, el Sr. Secretario General ha planteado las siguientes cuestiones  en relación con nuestras preocupaciones y demandas.

• En primer lugar, la inminente reunión que mantendrá el próximo 5 de Diciembre con el director de la ANECA al que quiere trasladar su preocupación respecto de la necesidad de desarrollar unos criterios de acreditación del profesorado universitario que sean claros, transparentes, conocidos y consensuados, a fin de evitar una serie de anomalías detectadas en los procesos de evaluación como, por ejemplo, que sexenios reconocidos por la CENAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (órgano dependiente de la misma ANECA) no tengan su correlato positivo cuando se trata de las acreditaciones a plazas de profesorado universitario que evalúa la ANECA.

En este sentido, el  Sr. Secretario apeló a la necesidad de revertir dicha situación, no sin dejar de señalar la responsabilidad de quienes están como miembros expertos en dichas comisiones de evaluación, recordándonos que son profesionales especializados y de reconocido prestigio en el campo de conocimiento específico  que se evalúa reconociendo, en sintonía con nuestros planteamientos, la necesidad de un debate público que permita alcanzar un consenso entre la comunidad universitaria para determinar  y aplicar los criterios de evaluación.

• En segundo lugar, se nos hizo llegar las próximas acciones estratégicas que desde el Ministerio se van a impulsar en la Mesa de Trabajo del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) en orden a desarrollar una carrera profesional que garantice las condiciones de acceso, estabilidad y de promoción del profesorado en la universidad española.

Se trataría de un modelo a consensuar con los diferentes actores de la comunidad universitaria que son interlocutores del Ministerio en este tema, y que pretende acabar con las situaciones de precariedad asociadas al uso excesivo de figuras contractuales como profesorado asociado, sustitutos, interinos, visitantes, etc.. estableciendo inicialmente una fase contractual de seis años cuyo requisito previo de entrada sería el de estar en posesión del título de doctor, y sometida a una evaluación docente e investigadora desarrollada autónomamente por las propias universidades en dos periodos (a los 3 y a los 6 años), valorándose como mérito en ese tiempo un periodo de movilidad. Posteriormente, correspondería a la ANECA establecer un proceso de evaluación para la acreditación del profesorado a figuras contractuales estables (contratado doctor y titular de universidad). Finalmente, se plantearía un modelo de promoción automática a la figura de catedrático. En todo momento se insiste en que los criterios de evaluación y promoción sean transparentes, conocidos y consensuados.

• En tercer lugar, el Sr. Secretario señaló algunas cuestiones respecto a los modelos de ciencia basados en la publicación en abierto (Open Access). De una forma más general, se abordó el debate que actualmente se está desarrollando al respecto a nivel europeo, recordándonos dos problemáticas vinculadas a dicho modelo. Por un lado que se está pagando dos veces por la publicación delos artículos (una vía suscripción de las instituciones, la otra vía pago directo del autor/a a la revista); por otro lado que los precios establecidos por las revistas en abierto para la publicación de los artículos científicos son absolutamente abusivos. El Sr. Secretario nos recordó que actualmente la apuesta institucional es la estrategia verde, esto es, que los/as autores/as dispongan de herramientas para depositar sus contenidos en archivos digitales o repositorios abiertos gratuitos lo que, a nuestro juicio, no resuelve los graves problemas a los que se enfrenta el profesorado a la hora de publicar sus trabajos en revistas que luego sean valoradas en sus procesos de acreditación  y de evaluación de su  actividad investigadora.

Miembros del colectivo UniDigna Aquilina Fueyo Gutiérrez (Uniovi), Inmaculada Vellosillo González (UCM),
Pedro López López (UCM) y Eduardo Fernández Rodríguez (UVa) junto con el Secretario General de Universidad

La mercantilización a hombros de gigantes

Os dejamos a continuación el artículo publicado por José Manuel Rodríguez Victoriano y Antonio Santos Ortega “La mercantilización a hombros de gigantes: la universidad pública española, de casa de citas a cueva de plagiarios”, publicado el 26/09/2018 en infoLibre

El texto se inicia con un diagnóstico alarmante: la universidad en el marco de la mercantilización neoliberal no sólo ha abandonado  su tarea de contribuir al desarrollo social a través del conocimiento y la investigación sino que,  más grave aún, ha propiciado – por acción u omisión – prácticas de corrupción  en su seno al permitir  generar beneficios privados en el seno de lo que los autores denominan como “cueva de plagiarios”.

Posteriormente, el artículo hace una pequeña revisión histórica para interrogarnos acerca del papel que jugó la modernización española de la universidad de la “transición/transacción” de las últimas  décadas del siglo pasado, diseñada más como una empresa económica que social, apoyada además en estilos y modos de trabajo de tipo más bien autoritario y escasamente democrático, impidiendo el desarrollo de  una universidad concebida como un ´bien común’ ciudadano, “con unos usos sociales en la docencia e investigación dirigidos a impulsar la igualdad de oportunidades y la democratización de los usos sociales del conocimiento”.

Los profesores Rodríguez y Santos diseccionan las nuevas prácticas docentes e investigadoras desarrolladas en el marco del  neoliberalismo universitario, toda  una retórica amparada en discursos como los de excelencia y calidad que acaban por convertir  al profesorado y al colectivo investigador en “empresarios de sí mismos”, reforzando aún más si cabe su situación de precariedad  laboral y aumento de la presión personal ante las tareas a realizar en un campo sumido en criterios de trabajo productivistas y bibliométrico que, entre otras cosas, acaba por desconsiderar la docencia.

En la última parte de su reflexión, ambos autores dirigen su crítica hacia el propio sistema de gobernanza universitaria que, reproduciendo dicho discurso  y prácticas de inflación productivista, credencialismo y promoción  a través de sistemas de evaluación y control de la carrera profesional, han acabado por devaluar la propia institución educativa, siendo los casos de corrupción a los que asistimos un elemento más de la estructura y modos de funcionamiento del capitalismo académico.

La pregunta es si aún somos capaces de resistir y ofrecer alternativas a esa universidad zombie, tóxica y mercantilizada que frente a dichas prácticas instaladas en el día a día de nuestras instituciones logre desarrollar una propuesta ligada al bien común, lo democrático, autónoma, etc.

Podéis  consultar el texto en:

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2018/09/30/la_mercantilizacion_hombros_gigantes_universidad_publica_espanola_casa_citas_cueva_plagiarios_87038_2003.html

Decálogo para una Nueva Ley Universitaria

El colectivo Uni-Digna suscribe el “Decálogo para una Nueva Ley Universitaria Consensuada con la Comunidad Universitaria”,  al que se han sumado otros colectivos, organizaciones y grupos como: Redes por una Nueva Política Educativa, el Foro de Sevilla. Por otra política educativa, o Izquierda Unida.

Os dejamos a continuación la exposición del mismo:

Decálogo para una Nueva Ley Universitaria Consensuada con la Comunidad Universitaria

Este Decálogo pretende desarrollar una universidad pública entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas, con una elevada formación cultural, científica y profesional.

1.- GRATUITA: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas y la equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.

2.- PLANIFICADA PÚBLICAMENTE: Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias, aunque haya menor número de alumnado. La creación de universidades privadas debe ser aprobada por la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria, y evaluarán su continuidad en función del respeto y cumplimiento de los requerimientos establecidos que garanticen una formación equilibrada en Ciencias y Letras y completa de grados y unas infraestructuras dignas.

3.- ACCESO LIBRE: a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros educativos públicos.

4.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y GLOBAL: Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas, y garantizando también una formación global, polivalente, crítica, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la sociedad. Formando ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en el mundo y transformarlo. Con tiempos de formación y estudio que permitan compatibilizar estudiar una carrera con trabajar simultáneamente.

5.- BECAS-SALARIO: Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a situación socioeconómica, que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.

6.- AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO DEMOCRÁTICO UNIVERSITARIO: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…

7.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN: Supresión de la contratación precaria (especialmente la figura de profesorado asociado y la doble vía de contratación laboral con menos derechos y mayor precariedad) y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico, así como poder realizar una investigación rigurosa. Carrera docente e investigadora que valore la docencia y la renovación pedagógica tanto como la capacidad investigadora, y establezca un sistema, consensuado con los representantes del personal universitario, accesible y equitativo para acceder a la estabilización en el trabajo, así como las condiciones para la promoción. No utilizando la docencia para penalizar al profesorado que no promociona en investigación.

8.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Formación didáctica inicial obligatoria, vinculada a la práctica en el aula, para el profesorado universitario novel de al menos 100 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Así como formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas, que se debe valorar y tener en cuenta en los procesos de promoción al mismo nivel que la actividad investigadora. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa y efectiva de la ratioalumnado-profesorado (no superando los 20 estudiantes por gran grupo-clase).

9.- EVALUACIÓN PARA LA MEJORA: Evaluación que englobe todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo “Horizonte 2020” y posibilite que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y la vinculación del proceso de formación universitaria con el componente de compromiso social con el entorno social en el que se desarrolla su labor.

10.- FINANCIACIÓN PÚBLICA: Garantizar un blindaje de la financiación pública de las Universidades Públicas de un suelo mínimo del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor. Garantizar también financiación, con porcentajes del PIB similares a la UE, de la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, las cuales generan las bases del conocimiento de una sociedad, aunque no sean inmediatamente aplicables o rentables para el mercado.

Uni-Digna se reunirá con Pedro Duque

Os dejamos  la noticia publicada en el periódico digital de la Universidad de La Laguna el 25/09/2018 (http://periodismo.ull.es/el-colectivo-uni-digna-se-reunira-con-pedro-duque-por-la-evaluacion-del-profesorado/) con texto de Jorge Martín Reyes, en la que nuestra compañera Esther Torrado, profesora de Sociología de la Universidad de la Laguna (perteneciente además a la Plataforma de Profesorado en Precario de la ULL) informa de la reunión celebrada por el colectivo Uni-Digna el pasado Sábado 22 de Septiembre.

En este artículo la profesora Torrado traslada al periódico las principales reivindicaciones del colectivo y trabajos futuros que impulsaremos: la necesidad de cambiar el sistema de evaluación y acreditación actual, asegurar la estabilidad del personal docente universitario, la necesidad de debatir a través de jornadas de trabajo académico, parlamentario, etc., la estructura que se están generando en torno a la producción científica en el ámbito del capitalismo académico y las posibles alternativas a dicho sistema.

¡CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL CAPITALISMO ACADÉMICO!

La estafa de las revistas científicas se acerca a su fin

Os dejamos un artículo publicado por George Monbiot y traducido por Francisco de Zárate publicado el 16/09/2018 en el diario.es (https://www.eldiario.es/theguardian/estafa-revistas-cientificas-acerca-fin_0_814368712.html).

En dicho texto se nos presentan las consecuencias científicas, éticas y políticas de los negocios multimillonarios relacionados con la generación de barreras de pago para el conocimiento y el trasvase a manos privadas de la ingente cantidad de investigaciones realizadas con dinero público. Una pregunta importante que nos podemos hacer es: ¿por qué gobiernos y universidades han permitido que se generase dicha situación, evitando además la difusión masiva y en abierto del conocimiento científico?

El autor nos sitúa ante un diagnóstico que deja bien a las claras la generación de oligopolios en la industria del capitalismo académico, y es que la mitad de la investigación realizada en el mundo es publicada a través de cinco grandes empresas: Reed Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell y la American Chemical Society. La estafa es absoluta: investigaciones cuyo alcance y difusión son controlados de forma privada, trayectorias investigadoras y profesionales que dependen de evaluaciones focalizadas en el número de papers y/o trabajos presentados en revistas de pago, cobro por derechos de autor levantando barreras de propiedad sobre conocimiento que debería estar al alcance de todos y de todas.

El autor partiendo de una situación personal, nos habla de la importancia de acciones como las impulsadas por Alexandra Elbakyan, científica kazaja que ha puesto patas arriba a una industria devenida en multimillonaria gracias a las barreras de pago para el conocimiento, al fundar en 2011 el rastreador web Sci-Hub para publicar artículos de acceso restringido (se calcula que unos 70 millones de papers han sido posibles de consultar). Se nos cuenta sus devenires legales convertidas en denuncias por parte de estas empresas multinacionales del conocimiento

También el trabajo recoge otras acciones impulsadas por la Biblioteca Pública de Ciencia, o investigadores como Stevan Harnad, Björn Brembs, Peter Suber y Michael Eisen quienes apuestan que la calidad científica de las investigaciones y el conocimiento generado no depende de las barreras de pago, muy al contrario acaba frenando su desarrollando. Como se señala en el texto, ahora que el sistema comienza a chirriar, los organismos de financiación estatal encuentran por fin el valor de hacer lo que deberían haber hecho hace décadas: exigir la democratización del conocimiento

Convocatoria Red mundial alternativa de Educación Superior e Investigación

El 25 de mayo de 2018, mientras se celebraba en Parí­s otra cumbre neoliberal relacionada con el proceso de Bolonia, «France insoumise» organizó un día de debates en la Asamblea Nacional titulado «Por una universidad europea insubordinada».

Después de este día, a la que contribuyeron muchos investigadores, académicos, estudiantes, activistas asociativos, sindicales y políticos provenientes de todos los horizontes y de diferentes países (Alemania, Argentina, Colombia, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, Suecia…), todos los participantes decidieron lanzar una convocatoria para la creación de una red mundial alternativa de Educación Superior e Investigación (ESI).

Su objetivo es triple: combatir, en todos los paí­ses y en todas partes, la implementación de polí­ticas neoliberales; federar y dinamizar las luchas locales, nacionales e internacionales, actuales o futuras; demostrar que las propuestas y programas de ESI alternativos ya están listos o en desarrollo.

Encontrás adjunto más abajo el texto de esta convocatoria, «Ciencia para todos, no por dinero», con la lista de los primeros signatarios.

Puedes firmarlo enviando un correo electrónico a pol@u-pec.fr indicando tu apellido, nombre, actividad (académico, investigador, estudiante, jubilado, etc.) y paí­s. Las firmas colectivas (partido polí­tico, sindicato, asociación, colectivo) también son bienvenidas.

Siéntete libre, por supuesto, de hacer circular esta llamada a su alrededor, recordando la dirección pol@u-pec.fr donde puede enviar las firmas.

Tan pronto como se haya alcanzado un número suficiente de signatarios en todo el mundo, las y los convocantes se pondrán en contacto contigo para construir los siguientes pasos juntos.

Esperando tu respuesta, y esperando contarle pronto entre los miembros de esta red.

CIENCIA PARA TODOS NO POR DINERO

En todo el mundo, la Educación Superior y la Investigación están sometidas actualmente a la doctrina de choque del neoliberalismo, donde el conocimiento se percibe como una mera forma de mejorar la competitividad de la economía, como una posible fuente de beneficios y como una herramienta de control para los gobiernos. Esta agenda neoliberal de la ciencia se implementa a través de un nuevo modo de gestión pública en el que los estudiantes, profesores e investigadores deben convertirse en emprendedores de su capital cognitivo y de su reputación. Lejos de los ideales cooperativos de la ciencia y la educación, las universidades y las instituciones de investigación se manejan como empresas, compitiendo entre sí para atraer a los “mejores” estudiantes e investigadores. Los grupos de investigación y los cuerpos colectivos de trabajo son aplastados casi sistemáticamente. Se supone que los administradores de la ciencia deben buscar fondos y subvenciones para emplear a una masa cada vez mayor de personal precario, cuyos bajos salarios contrastan con los ingresos cada vez más altos de una nueva élite gerencial encarnada en los
presidentes o vicecancilleres de las universidades. El sufrimiento en el trabajo afecta a la mayoría del nuevo proletariado intelectual. Por otro lado, la locura de la evaluación, la presión para “publicar o perecer” y la privatización de la publicación científica conducen a un número creciente de publicaciones, lo que amenaza tanto la calidad de la investigación como la transmisión abierta del conocimiento. Esta guerra material, en la que la austeridad va de la mano de la privatización, está acompañada de una guerra ideológica orwelliana en la que las palabras, escritas en un lenguaje pobre y mentiroso, pierden su significado. El deseo de reconocimiento de cada uno conduciendo a la servidumbre de todos, los valores de la competencia y el utilitarismo están ganando terreno en nuestras comunidades científicas, donde los individuos están cada vez más aislados y temen ser excluidos del juego.

Afortunadamente, han surgido resistencias, tanto en los países en los que la aplicación de estas políticas era la más desarrollada (tal como Gran Bretaña o Chile) como en aquellos donde no lo están tanto (Francia, Alemania o Canadá, especialmente la región de Quebec). En todas partes, las movilizaciones proponen alternativas a estas políticas neoliberales, muy próximas entre sí, tanto en términos de valores como de medidas concretas. Lo más importante es que todos compartimos la opinión de que el conocimiento forma parte del patrimonio común de la humanidad y que su valor depende de que se comparta con el mayor número posible de personas. Los otros componentes de la alternativa a la ciencia neoliberal provienen de este principio.

Primero, la universidad debe ser libre. Pero la lucha por la abolición efectiva de los derechos de matrícula exige también que se reconozca a los estudiantes el derecho
a una asignación financiera sustancial que les garantice su autonomía, ofreciéndoles los medios para ocuparse de la manutención y el alojamiento y el tiempo libre para estudiar.

En segundo lugar, los profesores y los investigadores no sólo deben tener salarios y pensiones decentes, sino que también se les deben conceder puestos plenos con fuertes garantías de independencia. Esta es una condición necesaria si queremos evitar conflictos de intereses entre la educación, la ciencia y los poderes del dinero y la política.

También deben beneficiarse de créditos a largo plazo, sin tener que dedicar gran parte de su tiempo a solicitar un número cada vez mayor de subvenciones y proyectos a través de procedimientos burocráticos espantosos ni tener que justificar constantemente el uso científico de los fondos que se les asignan. Sólo a este precio podrán reivindicar su derecho al tiempo, sin el cual no es posible ningún progreso intelectual real, ninguna ciencia libre y ninguna educación libre, sólida y coherente.

Por último, la democracia debe estar en el centro de las universidades y las instituciones de investigación. El debate crítico con los ciudadanos y la colegialidad de las decisiones deben sustituir a la gestión de arriba hacia abajo procedente de burócratas celosos e incompetentes interesados únicamente en estimular la competición y la llamada “excelencia”.

La emergencia social y ecológica a la que se enfrenta actualmente todo el mundo representa un interés general común que debería impulsarnos a unirnos si queremos hacer frente a todos estos retos. Ahora es necesario un desarrollo masivo del conocimiento científico para garantizar la transición ecológica de nuestras sociedades y escapar de la catástrofe que se avecina. La inversión pública, que tiene que ascender al 3% del PIB de las naciones, debe dedicarse a los servicios públicos de investigación y educación superior. También tenemos que contraatacar de manera
organizada: es hora de construir una alternativa global en la que académicos y científicos, estudiantes y ciudadanos defiendan los tres pilares de la educación superior y la investigación gratuitas: independencia de la producción científica e intelectual, crítica libre y transmisión ilimitada del conocimiento.

Nosotros, los firmantes de este llamamiento, miembros de la comunidad académica y de investigación o del movimiento social en su conjunto, venimos de todas partes del mundo. Nos comprometemos juntos a promover los valores de la crítica, la colegialidad y la cooperación en la ciencia y la academia. Defendemos universidades e instituciones de investigación bien dotadas y libres de intereses privados. Luchamos contra las precarias condiciones de trabajo y promovemos un sistema alternativo de publicación científica en el que el conocimiento es libre y abierto. Pedimos la constitución de una red de solidaridad internacional y del desarrollo del conocimiento para todos.
Septiembre 2018

Lista de los primeros signatarios
Abraham Yves-Marie (Canadá), Akbulut Bengi (Canadá), Allouch Annabelle (Francia), Beaude Pierre (Canadá), Perro Pastor Mauricio (Argentina), Bissonnette JeanFrançois (Canadá), Bitoun Jan (Brasil), Bitoun Pierre (Francia), Davi Hendrik (Francia), Dávila Jorge (Venezuela), Deneault Alain (Canadá), Doralice Maia (Brasil), Durand Folco Jonathan (Canadá), Escamez Sacha (Suecia), Ferrand Laure (Francia), Fonseca Paulo (Brasil), Girard Charlotte (Francia), Guay Charles (Canadá), Guay Emanuel (Canadá), Harari-Kermadec Hugo (Francia), Hawes Gustavo (Chile), Kish
Kaitlin (Canadá), Laurin-Lamothe Audrey (Canadá), Martin Eric (Canadá), MignotGérard Stéphanie (Francia), Modicom Pierre-Yves (Francia), Moysés Arlete (Brasil), Nunes Geraldo (Brasil), Pol Patricia (Francia), Rodriguez Juan Manuel (España),  Roque Alain (Francia), Rubin Sabine (Francia), Saint-Martin Arnaud (Francia), Slaughter Sheila (Estados Unidos), Sondarjee Maïka (Canadá), Sposito Maria Encarnação (Brasil), Theurillat-Cloutier Arnaud (Canadá), Tremblay-Boily Guillaume (Canadá), Tremblay-Pepin Simon (Canadá), Würmann Carsten (Alemania), ZagaMéndez Alejandra (Canadá), Zúñiga Mónica (Costa Rica)

De la universidad a la pluriversidad y a la subversidad

Os dejemos la conferencia “Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Para continuar y profundizar el Manifiesto de 1918” desarrollada por Boaventura de Sousa Santos, en la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) en Córdoba (Argentina) ayer 11 de Junio de 2018 .

La universidad hoy sufre ataques por el neoliberalismo, principalmente por tres razones: a) por constituir un reducto de pensamiento crítico (y de resistencia); b) por su capacidad para el análisis del pasado y del futuro, frente a una ideología instalada en el final de la historia y el “eterno presente”; c) porque las universidades se conforman en base a proyectos nacionales instalados sobre principios de solidaridad y bien común que se proyectan luego internacionalmente en un contexto que es antagónico con la mercantilización del servicio y la creación de franquicias en el capitalismo académico.

También se alerta respecto del establecimiento de los rankings  que utilizando la cuantificación como medida de la calidad universitaria, acaban por convertir el conocimiento en pura “mercancía“. El actual sistema de mediciones y evaluaciones dejan afuera la mayor parte de lo que constituye el mundo y la vivencia universitaria, los afectos, las relaciones intergeneracionales, las fiestas y varios etcéteras, convirtiéndose en “inútiles” a la hora de contabilizar las múltiples potencialidades del ámbito.

Finalizó su charla ofreciendo los conceptos de pluriversidad y subversidad que pueden constituirse en elementos para la radical defensa del conocimiento libre y la universidad de todos en la lucha contra la triple opresión del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado (o heteropatriarcado).

Fuente utilizada: Javier Tolcachie, investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista (https://www.pressenza.com/es/2018/06/con-fuerte-tono-latinoamericanista-comenzo-la-iii-conferencia-regional-de-educacion-superior/)

Os adjuntamos el vídeo del acto inaugural de CRES 2018. La conferencia de Sousa Santos da comienzo en 3:19:17

Acto inaugural #Cres2018